Según una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la nueva Ley Eléctrica, el Ejecutivo central eliminaría la actual tarifa eléctrica un año antes de lo previsto. El objetivo final es acelerar la liberalización del sector energético.
Industria mantendrá un precio máximo (tarifa de último recurso) para la electricidad de uso doméstico, mientras que la tarifa para la industria se extinguirá en julio de 2007. Las principales eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola y Unión FENOSA) habían solicitado al Gobierno central que la supresión de la tarifa se demorara hasta 2008.
A partir de 2010, sólo podrán acogerse a tarifa de último recusos los consumidores con suministros en baja tensión. A partir de 2011 podrán hacerlo los consumidores de energía eléctrica con potencia contratada inferior a 50 kW.
Esta propuesta coincide con una investigación abierta por la Comisión Europea sobre las tarifas españolas, que intenta determinar si el Gobierno español mantiene unos precios regulados demasiado bajos para la electricidad, favoreciendo a los grandes consumidores industriales.
